Este fin de semana nos hemos visto en Málaga en las Jornadas por una Contratación Pública con Derechos un centenar de personas pertenecientes a una treintena de organizaciones de la economía social (como REAS, FAECTA, Economía del Bien Común...), ecologistas (como la Plataforma por un nuevo modelo energético) y políticas ( incluido responsables de contratación de los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona) con el objetivo de buscar formulas para mejorar el importantísimo impacto económico, democrático, social y medioambiental que supone la contratación pública.

Tras dos días de intenso trabajo se redactó la llamada "Declaración de Málaga", en la que se plasmaron las principales conclusiones del encuentro, y se manifestó la voluntad de dar continuidad al mismo, constituyendo una red que trabaje por desarrollarlos.

Os dejamos el texto de la declaración:

DECLARACIÓN DE MÁLAGA

Nosotras, personas representantes electas en instituciones locales, responsables en entidades de economía social, solidaria y verde y en organizaciones ciudadanas, participantes en el primer Encuentro Municipalista por una Contratación Pública Ética con Clausulas Sociales, Ambientales y de Género,

DECLARAMOS que:

La contratación pública de obras, bienes y servicios es una herramienta de las Administraciones Públicas que genera un importantísimo impacto económico, democrático, social y medioambiental. Su influencia se refleja tanto desde un punto de vista cuantitativo (suponealrededor del 15% del PIB español) como cualitativo (se realizan a través de esta fórmula las principales obras, servicios y suministros del país). Ese impacto podría ser social y ambientalmente muy positivo, si promoviera un modelo productivo y de consumo que sirviera al interés general, al bien común o al buen vivir de la ciudadanía. Sin embargo, en la actualidad nos encontramos que el criterio predominante de adjudicación en la contratación de las administraciones públicas sigue siendo la oferta económica más baja, convirtiéndola en una mera subasta con procedimientos un tanto opacos y poco éticos, que han dado como resultado que la mayoría de los contratos de envergadura queden en manos de grandes empresas.

De este modo, si comparamos los recursos necesarios para ejercer sus competencias, los poderes públicos están impulsando en muchos casos un modelo de empresa asentado en condiciones laborales indignas, falta de democracia interna, desigualdad y discriminación por género o diversidad, acumulación insolidaria, contaminación, destrucción de ecosistemas, uso de recursos no renovables, exclusión social y corrupción política y económica. Afortunadamente, en los últimos tiempos el número de excepciones a esa regla general está aumentando poco a poco, gracias a la presión ejercida desde la economía social y solidaria, los movimientos sociales y sindicales, así como las fuerzas políticas progresistas para que estén presentes en los pliegos de contratación pública cláusulas sociales, ambientales y de género. Aún así, la inercia de décadas, el desconocimiento de procedimientos complejos y un marco jurídico todavía insuficiente impiden que muchos de esos intentos se materialicen.

Ante este escenario, AFIRMAMOS que la contratación pública debe ser un instrumento de transformación socioeconómica, lo que es totalmente compatible con la eficiencia administrativa y la seguridad jurídica, por lo que las Administraciones tienen la responsabilidad ineludible de cambiar el rumbo y usar esa herramienta en el ejercicio de sus competencias, conforme a la normativa de la Unión Europea. Nos preocupa e indigna asistir al enésimo incumplimiento por parte del Estado español de su obligación de trasponer y cumplir directivas europeas, en este caso la Directiva 2014/24/UE, aprobada el 15 de enero de 2014, relativa a la Contratación Pública, que debió convertirse en legislación estatal hace ya casi un año. El Gobierno intenta así evitar que sea obligatorio para cualquier administración española exigir a las empresas contratistas el cumplimiento de las leyes europeas en materia medioambiental, social y laboral, como establece esa Directiva. Pero también que la entidad contratante no tenga que dividir o lotear los grandes contratos para facilitar la participación de PYMES,reservar contratos a empresas sociales, favorecer el comercio justo o aplicar esas cláusulas sociales, ambientales y de género a cualquier aspecto y a cualquier fase del ciclo de vida del producto o servicio contratado.

PENSAMOS que el ejercicio de las funciones públicas, que tienen como fin garantizar el buen vivir de la toda la ciudadanía sin menoscabar el derecho de las generaciones presentes y futuras a ese mismo bienestar, debe abarcar también a los medios y recursos que las administraciones contratan para lograr ese fin. Pero a la par creemos que esa coincidencia de medios y fines conllevará un ahorro mayor en la gestión de los fondos públicos, dado que será necesario invertir cada vez menos recursos en paliar las consecuencias indeseadas del actual modelo productivo y de consumo en el territorio, en la sociedad y en su medio ambiente, en crear empleo de calidad, sostenible e igualitario y en garantizar los suministros vitales necesarios para ejercer los Derechos Humanos.

*CONSIDERAMOS *que es nuestro deber, como representantes del municipalismo democrático y como responsables y activistas en el ámbito social, económico y educativo, defender nuestras comunidades locales, así como la democratización de las instituciones, incrementando de esta manera las cotas de soberanía individual y colectiva frente a las dinámicas insolidarias e insostenibles del mercado neoliberal.

Por todo ello, PROPONEMOS

• que las administraciones públicas locales y regionales agoten hasta su límite las posibilidades que la legislación actual española y europea ofrece para introducir cláusulas sociales, ambientales y de género en los procedimientos de contratación pública de obras, bienes y servicios.

• que, para ello, aumente la producción de normativa jurídica de desarrollo y reglamentaria

en cada ámbito territorial e institucional, la información a los agentes económicos y empresariales así como la formación del personal técnico y administrativo que debe aplicarla.

• que todos los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado se sumen con la mayor brevedad posible a la tarea de modificar la Ley de Contratos del Sector Público para hacer realidad la obligatoria trasposición de la normativa europea vigente en la actualidad en materia de contratación pública, mientras dicha normativa no sea alterada o derogada por los tratados internacionales en materia de comercio ni por ninguna otra.

Esta Declaración, que será adoptada por las organizaciones presentes, así como por todas aquellas que se adhieran en un futuro cercano, se hará llegar a los Plenos de las corporaciones en las que estamos presentes, así como a los de los parlamentos autonómicos y sus gobiernos y al del Congreso y al Gobierno central y a todas las instituciones y organizaciones publicas pertinentes.

Málaga, a 17 de diciembre de 2016